El propósito de la Convención, negociada durante cinco años, es el de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. La Convención se encuentra en vigor en España desde el día 3 de mayo de 2008.